Diagnóstico

Diagnóstico

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 derivó en el reconocimiento de los derechos humanos como parte central de la política pública nacional, así como en la obligación para las autoridades de los tres órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la atención a dichas obligaciones debe realizarse de manera integral e interinstitucional, por lo que es necesario incrementar los esfuerzos para atender los diversos requerimientos que sean emitidos por autoridades y organismos internacionales, nacionales y estatales.

En este sentido, durante 2021 se dio seguimiento a 14 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales fueron publicadas en un lapso de 9 años, y fueron dirigidas al Gobernador Constitucional del Estado para su debida atención, contando con un cumplimiento aproximado del 80.3% de los puntos recomendatorios, al término del 2021.

A nivel Estatal, y de acuerdo con la información que publica la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se observa una baja respecto al número de quejas iniciadas ante el organismo estatal en contra de autoridades de la Administración Pública del Estado, concluyendo el 2021 con una disminución del 84% en el número de quejas con respecto a 2020, y registrándose durante 2021 la emisión de 16 recomendaciones, en las que el 50% son dirigidas a autoridades estatales, de las cuales seis fueron emitidas a autoridades educativas y dos a autoridades en materia de seguridad pública.

En lo referente a los mecanismos que buscan garantizar el adecuado ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos atendió desde su creación en 2017 hasta 2021, un registro histórico de 89 casos atendidos en su totalidad, el 16.8% a solicitud del Mecanismo de Protección Federal, y el 83.2% restante por impulso de la Unidad Estatal. Trabajos que se verán reforzados a partir de la creación del Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su respectiva Unidad Estatal.

Por otro lado, cabe resaltar que, aunque existen avances en las políticas públicas implementadas, no se puede omitir el constante trabajo que debe realizarse desde la Administración Pública para identificar y modificar prácticas o modelos que puedan generar posibles violaciones a derechos humanos, por lo que se vuelve necesario continuar fortaleciendo la capacitación en perspectiva de género y derechos humanos en beneficio de todas las personas servidoras públicas del Estado, e impulsar la homologación del marco normativo en materia de derechos humanos, incorporando políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad.