Diagnóstico

Diagnóstico

El estado de San Luis Potosí se encuentra en el lugar 13 de los Estados que considera la corrupción como uno de los temas de mayor preocupación (INEGI, ENVIPE, 2020) con un porcentaje de 24% de la sociedad potosina encuestada.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) de San Luis Potosí instrumentó la Encuesta Estatal de Percepción de la Corrupción (EEPC) en el año 2021, que corrobora que la corrupción se considera como la segunda problemática del Estado. De cada 100 personas, 81 de ellas considera que el mal uso de los recursos públicos, en beneficio de particulares, corresponde a una de las tres principales problemáticas del Estado, por cada persona que considera que la pobreza, desempleo o narcotráfico son graves; dos o más reconocen a la corrupción como grave, por cada persona que considera la contaminación ambiental como problema; ocho son los que identifican de mayor gravedad a la corrupción.

Para el 88.9% de la población del Estado, el número de los fenómenos de corrupción han aumentado en alguna medida, en contraste con aquellos que consideran que han disminuido, los cuales no alcanzan el 2% del total Estatal.

De acuerdo con las personas encuestadas, entre las principales causas de los fenómenos de corrupción están: el 82.6% se identifica con que los comportamientos viciados del funcionario público se encuentran fuera de los esquemas de sanción. También se identifica que las personas consideran que la corrupción es un problema de falta de leyes (40.8%); el 41.5% opina que es parte del funcionamiento cultural de México; solamente 1 de cada 4 personas consideran que la corrupción se deriva de la falta de oportunidades formales o de situación de pobreza por parte de los que ejecutan estas acciones.


Se denota una ciudadanía ausente, no del reconocimiento del problema, sino dentro del proceso de solución. La mayoría desconoce los mecanismos disponibles para el combate a la corrupción, no hay incentivos suficientes
para participar y el sistema estatal anticorrupción opera en el mayor de los casos sin la colaboración efectiva de la ciudadanía. Urge socializar y difundir las acciones, de manera que la sociedad potosina se sume al combate de estas prácticas anómalas, para legitimar el impacto de la política estatal anticorrupción.

El entramado institucional anticorrupción en San Luis Potosí es amplio; sin embargo, las diversas instituciones operan de forma desarticulada entre ellas, desvinculadas de las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. Se requieren recursos humanos, materiales, económico- financieros, científicos, tecnológicos, organizacionales y normativos, para la implementación de una sólida política estatal anticorrupción.