Diagnóstico

Justicia e instituciones sólidas

La Justicia es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido las instituciones encargadas del acceso, procuración e impartición de justicia, como lo es la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública del Estado, Centro de Justicia para las Mujeres, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, realizan una labor de gran importancia e impacto en la sociedad, teniendo presencia a lo largo del Estado, con una infraestructura diseñada para que toda persona a la que se le haya transgredido su Derecho, tenga acceso y se le imparta justicia en un marco político, económico y social.

Respecto de la Fiscalía General del Estado, derivado de consulta de “México Evalúa”, se hace referencia que el promedio general nacional es de 14.8 referente a los Policías de Investigación o Agentes Ministeriales por cada 100 mil habitantes, en cuanto a Agentes del Ministerio Público la situación es similar ya que nos encontramos por encima de la media sin estar en las mejores condiciones, ya que el promedio nacional se encuentra en 3.9 por cada 100 mil habitantes, siendo que Baja California Sur cuenta con 11.5 por cada 100 mil habitantes, por lo que la Entidad está en 4.3, sin embargo en donde nos encontramos en una mala posición es en la cantidad de Peritos por cada 100 mil habitantes, ya que el promedio nacional es de 9.7 Peritos y en San Luis Potosí, se tienen 4.1 por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la Defensoría Pública, actualmente se cuenta con una estructura de 114 defensores públicos para brindar atención jurídica en todo el Estado, de conformidad con la población total de la Entidad. Según Censo de Población y Vivienda 2020, existe una relación de 4.25 defensores públicos por cada 100 mil habitantes, lo que deja refleja una estructura limitada frente a la necesidad de garantizar una defensa eficaz, eficiente, adecuada y de calidad.

Existe Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios del Estado: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín, Ciudad Valles y la capital del Estado, San Luis Potosí. Es preciso indicar que permea en la Entidad la Violencia de Género en contra de las mujeres, por lo que se considera falta un abordaje integral del tema, sin que se deje de observar que se debe de hacer lo conducente por parte de las Instituciones Públicas, con la finalidad de que capaciten al personal a su cargo.

Respecto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el proyecto de Juicio en Línea se encuentra en proceso de desarrollo, revisión y conclusión, que en conjunto con la notificación electrónica que ya se encuentra en operación son parte del Sistema de Justicia en Línea, que establece el Código Procesal Administrativo para el Estado. Servicio
que permitirá la substanciación del Procedimiento Contencioso Administrativo mediante herramientas informáticas que permitan la desmaterialización de los expedientes, la sistematización de los datos jurisdiccionales y la integración de una plataforma que permita generar información estadística en tiempo real, el cual está sujeto a los recursos financieros para su implementación.

En relación al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ante el aumento en la judicialización de la carpeta de investigación, ha implicado un incremento en el desahogo de audiencias en la etapa inicial, intermedia y juicio oral; de igual manera en la etapa de ejecución de sentencia, razón por la cual resulta fundamental contar con personal humano que permita generar las condiciones idóneas para la realización de las actuaciones procesales.

Considerando que los principios fundamentales del sistema penal acusatorio son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; este último establece la obligatoriedad del desahogo de toda audiencia en presencia de una Jueza o Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, siendo imperante la necesidad de contar con juzgadores que atiendan los asuntos en materia penal, acorde a la incidencia delictiva que se ha incrementado en el Estado, generado una mayor cantidad de judicialización de carpetas de investigación.