Diagnóstico
El Estado debe garantizar el cabal cumplimiento del mandato contenido en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás ordenamientos jurídicos concatenados.
El proceso de reinserción social se sustenta en cinco ejes, basados en la educación, salud, deporte, trabajo y capacitación para el trabajo; todo ello con respeto a0 los derechos humanos.
El estado de San Luis Potosí, se encuentra localizado en la altiplanicie central mexicana. La superficie total del Estado es de 60 mil 546.79 km2 y representa aproximadamente el 3% de la superficie total del País. El Estado cuenta con seis Centros Penitenciarios Estatales distribuidos en los municipios de: San Luis Potosí, Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale.
En materia penal, la modificación de la Constitución Política nos llevó a modificar la forma de ver al sistema penitenciario, debido a la innovación del Sistema Inquisitivo al Sistema Acusatorio, pues este demandaba en la fase de ejecución alinearse a los principios que rigen el enjuiciamiento penal.
Mediante esta reforma se pretende contar con un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de las víctimas y del imputado durante el proceso jurídico hasta la revisión de la pena, lo que responde a observar y proteger que se cumplan debidamente las condiciones para hacer valer los derechos de la persona inculpada.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto38. Asimismo, se sustituyeron los términos de “pena corporal” y “reo” por los de “sanción privativa de la libertad” y el de “sentenciado”, respectivamente, con la finalidad de adecuar la terminología jurídica con los preceptos constitucionales y los tratados internacionales vigentes, al evitar el uso de conceptos denigrantes para las personas.
